En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), se informa:
- Responsable editorial: Robison
- Sitio web: https://opinionacademica.com (en adelante, «el Sitio»)
- Contacto: [email protected]
- Actividad: publicación de contenido informativo, reseñas y opiniones sobre servicios comerciales, con fines de información al consumidor.
Objeto
El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y uso del Sitio. La utilización del Sitio atribuye la condición de usuario e implica la aceptación plena de las condiciones aquí recogidas.
Condiciones de uso
El usuario se compromete a hacer un uso lícito, diligente y respetuoso del Sitio, absteniéndose de:
- Publicar contenidos ilícitos, difamatorios, que vulneren derechos de terceros o contengan datos personales de terceros sin consentimiento.
- Introducir datos falsos o suplantar la identidad de otras personas.
- Utilizar el contenido del Sitio con fines contrarios a la ley o a la buena fe.
Propiedad intelectual
Los contenidos originales del Sitio (textos, estructura, diseño) son titularidad del responsable del Sitio. Queda permitida su cita con atribución y enlace a la fuente original, en los términos del art. 32 de la Ley de Propiedad Intelectual. Las marcas, nombres comerciales y logotipos de las empresas reseñadas pertenecen a sus respectivos titulares y se mencionan exclusivamente con fines informativos, críticos y de identificación, sin que exista relación comercial, de afiliación ni de patrocinio con dichas empresas salvo indicación expresa.
Exclusión de responsabilidad
El responsable del Sitio no garantiza la ausencia de errores en los contenidos ni su completa actualización, aunque adopta las medidas razonables para mantenerlos exactos, según se detalla en el Descargo Legal y la Política Editorial. El Sitio contiene enlaces a páginas de terceros sobre cuyos contenidos no tiene control y por los que no responde.
Legislación aplicable
Estas condiciones se rigen por la legislación española. Para cualquier controversia serán competentes los juzgados que legalmente correspondan.